La Organización de Productores Piscicultores (OPP) considera necesario que la misma lucha de la Unión Europea, y el propio gobierno de España realiza contra la pesca ilegal, se aplique hacia aquellos operadores que se lucran con las prácticas de acuicultura ilegal.
Si se está luchando contra la pesca ilegal desde el seno de la Unión Europea (UE) a través de una normativa específica, los piscicultores españoles se preguntan “¿Cuándo se regularán las importaciones de pescado y marisco producido en terceros países sin cumplir la normativa de la UE y que incurren frecuentemente en flagrantes casos de dumping económico, social y medioambiental?”
En este sentido, y en palabras de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en líneas generales, la Ley de Pesca Marítima en la Unión Europea trata de controlar más y mejor el pescado que procede de pesca ilegal en terceros países, evitando así que los operadores se lucren con las capturas ilegales y que sigan amenazando la sostenibilidad de las especies.
El caso de la acuicultura es parecido pero distinto”, señalan. “Los productores acuícolas se enfrentan a las importaciones de terceros países que no cumplen con la normativa que se les exige a los productores en los Estados miembro. Grandes importaciones de pescado de acuicultura continental campan a sus anchas en los mercados de la Unión Europea, con precios con los que difícilmente se pueden competir”, añaden.
“Los altos niveles de exigencia de la normativa aplicados a los productores UE distan mucho de los impuestos a terceros países que exportan sus productos masivamente a la Unión Europea, a precios irrisorios en lo que se podría considerar un ejemplo claro de acuicultura ilegal”, indican.
Por ello, en opinión de la OPP, “los operadores extranjeros compiten de forma desleal con nuestros operadores a los que sí se les aplica las normas de conservación”. “¿Para cuándo podremos disponer de una reglamentación similar a la que se va a aplicar a la pesca marítima?”