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Contra los Piratas del Coral

Desde hace 20 años, el precio del coral no ha dejado de subir hasta alcanzar los 1.200 euros el kilo. Su cotización se ha hecho sentir en el Parque Nacional del Cabo de Creus (Gerona), arrasado por numerosos furtivos que se enriquecen a costa del coral rojo. Casi el 90% del coral está en estado crítico y, sin embargo, pescarlo sin licencia no supone más que una sanción administrativa, puesto que no está considerado una especie protegida.

Los agentes rurales, por su parte, admiten que no pueden hacer nada, pues carecen de los medios necesarios para detener a los piratas del coral, unos delincuentes que todo el mundo conoce en las medianías del parque, pero que actúan con total impunidad.

En las pocas ocasiones que se ha localizado a los furtivos en pleno robo, estos han tirado las bolsas de coral al mar y el juez ha acabado preguntándose: “¿de dónde salen?”, sin que sea posible demostrar que pertenezcan a los furtivos. Lo cual hace que prohibir la extracción de coral, tal y como propone la Generalitat de Cataluñapara 2018, carezca de utilidad real.

En palabras de los agentes rurales: “sería necesario tener submarinistas todo el día vigilando”.

¿Qué se puede hacer?

Parece evidente que por más que se endurezcan las leyes, los furtivos seguirán desarrollando su actividad. El robo de coral no se trata de un mero problema legislativo, sino de medios: no hay agentes suficientes para proteger el parque. Al fin y al cabo, los parajes naturales suelen copar extensiones enormes de terreno que hacen muy difícil que el Estado pueda vigilarlas sin incurrir en unos gastos desproporcionados.

La solución que proponen algunos expertos medioambientales pasaría por otorgar derechos de propiedad privada comunal a un nutrido grupo de ciudadanos autóctonos. De esta manera, los ciudadanos seleccionados adquirirían el derecho a desarrollar actividades lucrativas en torno al parque – como el turismo, la pesca, la caza…-, pero al ser de su propiedad, tendrían los incentivos para mantenerlo en buen estado y explotarlo sosteniblemente.

La propiedad privada comunal se desarrolla como una institución con una serie de normas establecidas por el grupo, en beneficio de todos y de la sostenibilidad del ecosistema, y normalmente es cada comunero el encargado de vigilar que el resto las cumpla.

Además, al convertirse el parque natural en su medio de vida, serían los comuneros los principales interesados en mantenerlo en buen estado. Es decir, conseguiríamos que un grupo de personas se organizara voluntariamente para proteger el parque de la amenaza furtiva por la mera utilidad que les supone proteger su propiedad.

Si de verdad estamos preocupados por el medioambiente, debemos barajar todas las opciones posibles para protegerlo y hacerlo sostenible. Es decir, debemos ser conscientes de que hay vida más allá de la regulación estatal.

fuente rioja2

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