Esta semana la justicia británica ha impuesto una multa de 1,62 millones de libras (algo más de dos millones de euros) a dos barcos, el OGenita y el Cayo Tercero, por pescar durante 18 meses merluza por encima de lo autorizado y falsificar los registros correspondientes.
Aunque actuaran mediante una subsidiaria británica se trata de armadores españoles. En concreto, Manuel Vidal Suárez es el director de la empresa Hijos de Vidal Bandín SA, dueño del Cayo Tercero. La otra empresa, Sealskill Limited, es dueña del OGenita y subsidiaria de esta última en Lancaster. Su directora es María Dolores Vidal Mariño
Cabe recordar que a nivel mundial el 49% de la pesca es ilegal, y que tiene por tanto enormes consecuencias en cuanto a la esquilmación de caladeros, amenaza de la biodiversidad e impactos sociales y económicos, amenazando además la soberanía alimentaria de muchos países del sur, que tienen en la pesca artesanal una fuente de recursos básica.
No se trata de un hecho aislado en España sino que somos expertos en pesca ilegal y además tenemos una enorme responsabilidad por cuanto la flota pesquera más grande de Europa, lamentablemente basada en un modelo industrial que se ha desarrollado por la ingente cantidad de ayudas públicas recibidas, miles de millones en subsidios (más del doble de la cuantía de las subvenciones recibidas por cualquier otro país de la UE). En el periodo comprendido entre 2000 y 2006, España recibió el 44% de las ayudas.
Pero es más grave comprobar como la gran mayoría de las empresas subvencionadas españolas han sido denunciadas y multadas por pesca ilegal
Pero la realidad es que el 80% de la flota española es artesanal, pesca que crea empleo, mantiene pueblos vivos, es sostenible, pero que por el contrario apenas recibe ayudas públicas y se encuentra en caída libre, ante la dejación a la que ha sido sometida los últimos años.
La pregunta es obligada ¿Debe seguir el gobierno español promocionando ayudas públicas para financiar pesca ilegal?
fuente javiergusmao