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Los barcos que capturan merluza y cigala en el Atlántico estarán sometidos a partir del 1 de enero a las normas de la Unión Europea (UE) que prohíben el descarte de pescado (capturas no deseadas de peces que después se tiran al mar).
En 2016 se amplía a estas dos especies la regulación comunitaria contra el desperdicio que supone el descarte de pescado, que se empezó a aplicar este año y que poco a poco se irá extendiendo a todos los caladeros, hasta completarse en 2019.
Los cambios vigentes desde el día 1 de enero afectan a la pesca de merluza y cigala en caladeros nacionales del Atlántico (Golfo de Cádiz, Cantábrico y Noroeste) y aguas occidentales, como las francesas del Golfo de Vizcaya o el “Gran Sol”; no conciernen al Mediterráneo.
Para garantizar que se cumple la prohibición, los barcos están obligados a desembarcar obligatoriamente todas sus capturas en los puertos.
Sin embargo, la normativa establece excepciones.
La regulación empezó a aplicarse este año para especies como la caballa (verdel o xarda), el jurel (chicharro) o la anchoa.
Las exigencias en el desembarque implican que la tripulación debe subir al barco todo el pescado capturado, anotar las cantidades en el diario de a bordo, distribuirlo en cajas y llevarlo al puerto.
En España, las medidas tienen más impacto entre los navíos que capturan merluza, que además es la especie de mayor valor comercial.
En cuanto a la cigala, los armadores esperan que las nuevas obligaciones no originen problemas, porque esta especie tiene “una alta tasa de supervivencia” en el caso de capturas accidentales, según ha declarado a Efeagro el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat.
Respecto a la merluza, Garat ha distinguido entre las aguas del norte (Gran Sol) y las ibéricas, pues en el primer caso afecta a un grupo reducido de barcos de arrastre y de otras categorías para los que esta especie represente un 30 % del total de sus capturas y utilicen mallas mayores de 100 milímetros.
En cuanto a la flota del caladero nacional, se aplica a los buques para los que la merluza represente el 10 % del total de capturas, en el caso de que extraigan más de 10 toneladas de esta especie y usen mallas de más de 100 milímetros.
Para el sector, la situación se complica más a partir de 2017, cuando las reglas se apliquen a gallo y rape, y a lo que se conoce como “pesquerías mixtas”, es decir barcos dedicados a esos dos recursos, junto con bacaladilla, bacalao o eglefino y peces para los que España no tiene cuota.
Pese a que existen mecanismos de flexibilidad, para Garat “habrá problemas”.
El Gobierno defiende que la implantación de la legislación contra el descarte sea “progresiva” para aminorar su efecto socioeconómico.
El secretario general de Pesca, Andrés Hermida, ha explicado recientemente que es conveniente buscar “soluciones” para cada “casuística”, que va desde especies de escaso interés comercial, ejemplares por debajo de la talla mínima o peces con cuota agotada.
El secretario general de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP), José Manuel González Gil de Bernabé, ha subrayado que las leyes sobre los descartes han sido “una locura” e incrementado el trabajo “sin ninguna compensación”.
fuente lavanguardia
